Cambalache ministerial ante agitación popular:

¿Qué hace Cecilia Pérez como ministra del Deporte?

Declaración pública.

Por: Centro de Estudios Socioculturales del Deporte (CESDE)

El estallido social que acontece en Chile desde el 18 de octubre de 2019 ha obligado a que nadie que habite el territorio se mantenga indiferente, tanto a las problemáticas y acontecimientos que gatillaron su explosión, como a las respuestas que ha generado el poder ejecutivo y el legislativo a   las demandas sociales que han logrado posicionarse en la opinión y agenda pública del país. Como investigadorxs sociales del área social y deportiva, nos resulta preponderante pronunciarnos sobre hechos que podrían tener repercusiones (futuras y no tan lejanas) nefastas para el deporte en general (su gestión y su práctica misma), a modo de levantar las alertas a quienes componen este gran campo, no solo sociocultural, sino también, político. Dicho esto, desde el Centro de Estudios Socioculturales del Deporte (CESDE) declaramos:

1.   Ministerio del Deporte: Rechazamos rotundamente la designación de la ex vocera de gobierno, Cecilia Pérez, como ministra del Deporte. Resulta contraproducente el querer levantar la actividad y práctica deportiva del país, desde la gestión gubernamental, con personas que no poseen ni los conocimientos ni las aptitudes necesarias para tales cargos, especialmente, ocupando y disponiendo de aquellas que se caracterizaron por colaborar y fortalecer el Plan Estadio Seguro, plan de gobierno que tuvo como único propósito el criminalizar a espectadores y asistentes del deporte (del fútbol, específicamente), más que el asegurar una práctica deportiva “segura”. La constante en las declaraciones de la ex vocera de gobierno y exintendenta ha sido la agresividad y el desprecio por la comunidad políticamente activa, situación que nos genera un profundo resquemor, más aún cuando el contexto nacional ha cambiado drásticamente, donde la misma comunidad del Deporte se ha manifestado abiertamente  favorable a las demandas que hoy son transversales. El espíritu persecutor y represivo de la actual ministra no hacen más que ponernos en alerta ante las posibles sanciones y abandono de deportistas que han hecho visible la situación que vive el país en eventos deportivos internacionales. Ya hemos visto lo que han hecho con Estadio Seguro, que marcó la pauta para que en durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ingresando dos proyectos similares pero en distintos ámbitos, Aula Segura y Esquina Segura.

 

2.   Reportaje Canal 13 (28.11.2019): Rechazamos los argumentos y la tesis presentada por el reportaje periodístico realizado por el equipo del noticiero central de Canal 13, sobre el rol y la participación de las barras de fútbol en las manifestaciones y protestas del estallido social. Consideramos que obedecen a un intento por criminalizar y fragmentar el movimiento que día a día se manifiesta en distintos puntos del país, a través de su vinculación con acontecimientos que han sido definidos (por ellos y por agentes del Estado) como terroristas y/o delictuales. No nos resulta extraña tal estrategia comunicacional, de hecho reúne componentes similares a la desplegada durante el año 2011 para instalar la idea de un estado de “caos” en el fútbol profesional (también a causa de las barras) y así poder levantar y posicionar el Plan Estadio Seguro. Hoy es una nueva iniciativa legal la que levanta nuevamente un gobierno de Sebastián Piñera, la ley “anticapucha”, y para ello necesita de chivos expiatorios que les sirvan para justificar la persecución y encarcelamiento de activistas sociales y políticos.

 

Ante todo sostenemos que es fundamental desprenderse de los juicios de valor asociados a las prácticas barristas, en tanto no aportan a comprender las características generales y particulares del fenómeno al que pretendemos aproximarnos. Desde nuestra tribuna, hemos aprendido a identificar códigos, patrones y dispositivos de acción política que nos permiten comprender las estructuras que subyacen a cada práctica discursiva de poder, es decir, que generan repercusiones en lxs distintxs sujetos que componen las sociedades contemporáneas. El Estado chileno ha operado bajo la forma de una dictadura disfrazada de democracia desde el año 1990 en adelante, disfraz que ha sido posible sostener precisamente porque el ejercicio de la política misma  fue desvalorizada durante toda Dictadura en su fase militar (bien conocido es el constante desprecio de Pinochet hacia la clase política y sus prácticas, expresado en gran parte de sus intervenciones comunicacionales) y monopolizada (convertida en propiedad privada) por los partidos y movimientos políticos institucionales durante la fase no militarizada.

Con horror hemos visto cómo nuevamente se ha militarizado el campo político nacional, como nuevamente se ha vuelto a las prácticas de secuestro, violación, tortura y asesinato por parte de agentes del Estado (policial y militar), para proteger los privilegios de un sector, de una clase. Ya no es posible sostener que una reforma o una ley pueda cambiar (o aminorar) la violencia sistémica que subyace en la estructura política institucional actual. Adherimos  al clamor por el fin de la Constitución Política de 1980 de Pinochet, nos sumamos a las denuncias de abusos de violaciones de los Derechos Humanos que se han perpetrado  por parte de Carabineros y Fuerzas Armadas, las cuales han ocurrido tanto desde el 18 de octubre último como en todos los años de transición pactada.

 

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